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Izquierda Unida denuncia la privatización de los montes de Utilidad Pública de Salamanca

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Viernes, 19 de Agosto de 2016 20:31

Comunicado íntegro IU Salamanca / Desde Izquierda Unida en la provincia de Salamanca estamos convencidos de que la excusa del “aprovechamiento micológico” dentro del proyecto MICOCYL, promovida e impulsada por la Junta de Castilla y León, diputaciones y entidades propietarias de los montes regulados, pero cuya “entidad gestora” es la fundación privada CESEFOR, es una forma encubierta de privatizar los Montes de Utilidad Pública de la provincia de Salamanca, al igual que le está sucediendo a miles de hectáreas en toda Castilla y León.

Castilla y León cuenta con más de 400.000 hectáreas de montes de Utilidad Pública que actualmente están bajo la “gestión” de una fundación privada, lo que nos hace¡ cuestionarnos que esta “regulación” sea acorde a la legalidad en materia forestal y medioambiental, pero principalmente lo que supone es una contradicción que mediante financiación pública se potencie como gestor a una entidad privada cuyos intereses no coinciden con el interés público ni por consiguiente con el de los habitantes de Salamanca.

En todo este proceso de privatización cabe destacar la expedición de las licencias de recolección micologica, unas tasas económicas que, a pesar de abonarse en dependencias municipales tienen una repercusión prácticamente nula en las arcas municipales de los ayuntamientos afectados.

Por todo ello puntualizamos:

1º No es ético ni lógico cobrar por la obtención de un recurso alimenticio natural que no requiere modificación alguna para su consumo y se encuentra en monte de utilidad pública, si el uso que se va a dar es el de consumo propio y no la comercialización.

2º La Fundación Privada CESEFOR ha reconocido en reuniones mantenidas en municipios afectados que es incapaz, con los medios de los que dispone, de cumplir los compromisos que adquiere con los municipios integrados en el programa MICOCYL.

3º Esta medida solo supone para los ciudadanos pagar por recolectar, ni tan siquiera protege de una forma eficaz hacia las malas prácticas de recolección o la economía sumergida.

4º Los ingresos por esta regulación no suponen ninguna aportación económica sustancial para las arcas municipales, a pesar de que si supondrán ingresos económicos para la Fundación privada CESEFOR.

5º La supuesta regulación ejecutada por la Fundación CESEFOR recaerá finalmente en el
SEPRONA y los Agentes Medioambientales de la Junta, los cuales realizan su trabajo al margen de cualquier acuerdo con la citada Fundación Privada. CESEFOR, en el año 2013, tan solo contaba con 4 agentes de campo para “vigilar” toda la provincia de Salamanca.

6º Esta medida se ha ejecutado a espaldas de la ciudadanía, sin buscar su consenso ni aprobación y consideramos que motivada por intereses especulativos que se alejan del interés general de la población.

 

Según IU reducir el desempleo por la vía de hacerlo temporal y altamente precario es una vía que nos empobrecerá más

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Miércoles, 03 de Agosto de 2016 18:26

Comunicado íntegro Izquierda Unida de Salamanca / Según los datos del paro correspondientes al mes de Julio, el desempleo ha disminuido en 498 personas en la provincia de Salamanca, unos datos con los cuales no se puede estar satisfecho, ya que los ciudadanos y ciudadanas seguimos pagando un alto precio por las migajas en forma de inestabilidad y precariedad laboral que nos ofrece el mercado impuesto por las políticas neoliberales empujadas históricamente por el Partido Popular y aupadas por sus muletas: PSOE y Ciudadanos.

Las políticas ejercidas, y por las cuales se congratulan incluso algunos sindicatos, no satisfacen en absoluto a la militancia de Izquierda Unida, quienes tras analizar los datos estacionales observamos con estupor y verdadero miedo una creciente precariedad del empleo y la contratación, un empeoramiento significativo en la protección a la población desempleada,así como una desorbitada estacionalidad, derivada de la vinculación al sector servicios, con contratos mayoritariamente por horas. Es desde esta situación que tampoco se puede olvidar que solamente  1 de cada 10 contratos es indefinido en nuestra comunidad y que el 43% de la contratación que se ha realizado es temporal y de menos de un mes, cinco puntos por encima de la media nacional.

El argumento “es mejor trabajar 10 o 20 horas a la semana que no trabajar” es auténtico terrorismo patronal en una provincia que mejora sus datos de desempleo pero no resuelve las necesidades de los trabajadores contratados. ¿O alguien piensa que se puede vivir dignamente con salarios de menos de 500 euros?  A esto hemos de añadir lo que viene después, es decir, cuando termina la estacionalidad derivada de este servicio y esos trabajadores van al paro, ya que sus cotizaciones en periodo activo han sido mínimas, dicho periodo activo ha sido muy corto, lo que lleva a la necesidad de unir, dos, tres, o incluso cuatro de esos períodos para la percepción de una prestación por desempleo que se calcula utilizando como base esos ínfimos 500 euros o menos…

Unos datos que si son malos para el conjunto de la provincia, son aún peores para todas las cabeceras de comarca, que ven como sus cifras de desempleo bajan, pero directamente ligadas a la caída histórica de afiliados a la Seguridad Social, lugar en el que se sitúan en mínimos históricos. No están acabando con el desempleo, están acabando con la población en edad laboral.

Para rematar este explosivo cóctel, destacar que la prestación media es cada vez menor y los subsidios solo sirven para atemperar el caos, un autentico problema cuando el 57% de los desempleados se encuentra en el paro desde hace más de un año y el 40% lleva más de dos, según datos de la última EPA.

Para Izquierda Unida no es suficiente con generar empleo, sino que es necesario que este sea de calidad, para que dejemos de ser “trabajadores pobres”. Por otro lado, es absolutamente necesario reforzar las políticas de protección por desempleo y apostar por políticas que caminen hacia el Trabajo Garantizado, pudiendo emplear, como elemento de choque para paliar la pobreza laboral instaaurada en la provincia, la Renta básica.

Desde Izquierda Unida exigimos encarecidamente que se deje de engañar a los ciudadanos y que nadie defienda como positivas unas cifras que solo marcan precariedad, estacionalidad y la desaparición paulatina de la protección por desempleo. El PP y aquellos que comparten, y profundizan su programa económico y laboral, responsables de Reformas Laborales regresivas como las dos últimas aprobadas en el país no están acabando, ni siquiera reduciendo, el Desempleo, sencillamente están generando una masa de esclavos del sXXI.

 
 

Requerir el permiso de residencia para inscribirse en el reglamento de Parejas de Hecho de CyL es contrario a la constitución

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Miércoles, 03 de Agosto de 2016 01:55

Comunicado íntegro Comisión Legal Acampada Salamanca / El pasado sábado nos han notificado la Sentencia 150/2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Valladolid que ha estimado el recurso contencioso interpuesto contra la decisión de denegar la inscripción en el Registro de Castilla y León de Uniones de Hecho de una pareja en la cual uno de los miembros carecía de permiso de residencia, de nacionalidad extracomunitaria.

Esta situación de discriminación viene produciéndose desde 2010, cuanto la Junta de Castilla y León y gobernada por el PP, introdujo el requisito de presentación de permiso de residencia, con el interés evidente de bloquear e impedir el acceso al registro de las personas que carecieran de permiso de residencia, con arreglo a la ley de extranjería, incluyéndose estudiantes en situación de estancia, voluntarios o personas en situación administrativa irregular.

Esta política de claro racismo institucional ha venido desarrollándose por el PP allí donde gobierna en todo el país, existiendo ya pronunciamientos al respecto por parte de la Defensoría del Pueblo, quien ya en suRecomendación de 22 de enero de 2014, para la Modificación del Decreto 124/2000, de 11 de julio,solicitaba la supresión del requisito de acreditar la posesión de autorización de residencia para la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de Castilla-La Mancha.

La sentencia resuelve que el requisito exigido por el artículo 11. 1 de la Orden M/1597/2008, de 22 de agosto que regula el registro y recoge la necesidad de presentar el permiso de residencia, “es contrario a los principios constitucionales y a la configuración jurisprudencial de la institución de las parejas de hecho, así como es contrario al principio de no discriminación por el lugar de residencia”.

De este modo, el juzgado anula los resoluciones impugnadas y declara la existencia de pareja de hecho formada por los actores ordenando a la administración demandada a que proceda a su inscripción en el Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León a todos los efectos.

Los argumentos planteados durante el proceso judicial contra la exigencia de este requisito documental para la inscripción han sido los siguientes:

  • Interpretación errónea del Derecho en la aplicación de la normativa y la configuración jurídica de la pareja de hecho, al solicitar “permiso de residencia” para acreditar la “residencia habitual” de los solicitantes.
  • Vulneración de la seguridad jurídica (art. 9 CE), igualdad y no discriminación (art 14 CE) y protección de la familia (art 39 CE).
  • Vulneración del Derecho comunitario por la Ley de Extranjería, al realizar unatransposición errónea de la Directiva del Consejo2004/114/CE de 13 de diciembre de 2004 que asimila la situación de estancia con la situación de residencia.
  • Interpretación errónea de la ORDEN FAM/1036/2010, de 5 de julioque reconoce la inclusión de las personas en situación de estancia a efectos de la inscripción registral

Esta sentencia puede representar un primer paso para la declaración de nulidad del art. 11 del citado reglamento que regula el registro, posibilitando que la actual discriminación se elimine para toda la comunidad de Castilla y León, beneficiando a miles de personas en nuestra región y servir de precedente para solucionar una problemática que está afectando a cientos de miles de personas en nuestro país, vulnerando sus derechos fundamentales.

Desde la Comisión Legal de Salamanca damos la enhorabuena a la pareja que ha tenido la firmeza de exigir en los tribunales sus derechos, posibilitando una solución general a esta problemática, porque sólo la lucha hace Justicia.

 
 

Izquierda Unida pide a los Ayuntamientos potenciar las zonas de baño naturales en toda la provincia

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Lunes, 01 de Agosto de 2016 22:18

Comunicado Izquierda Unida Salamanca /Desde Izquierda Unida queremos poner de manifiesto nuestro malestar por la “dejadez” institucional de una amplia mayoría de los Ayuntamientos de la provincia, principalmente el de la capital, a la hora de potenciar las zonas de baño naturales para que la población pueda disfrutar durante los meses estivales no solo de una opción de ocio en contacto con la naturaleza, sino de evitar tener que pagar por bañarse.

Y es que principalmente este punto, el de la mentalidad institucional de que las zonas de baño naturales restarían afluencia a las piscinas municipales, no solo es falso, sino que denota un egoísmo supino sobre la población que le gusta el contacto con la naturaleza o que simplemente no tiene la capacidad económica para poder acudir con frecuencia a una piscina de pago.

Nos sorprende ver como zonas próximas y turísticamente desarrolladas como el Valle del Jerte cuentan con catorce zonas de baño autorizadas, mientras que toda la provincia de Salamanca cuenta únicamente con una zona de baño autorizada por la Junta de Castilla y León para esta temporada que se sitúa en Puente del Congosto.

Desde Izquierda Unida queremos que las instituciones de nuestra provincia no olviden que el uso sostenible de nuestros ríos y embalses es una oportunidad para generar empleo, ya que si giramos nuevamente la mirada a una comunidad con menos posibilidades en materia hídrica que nuestra provincia, como es Extremadura, nos daremos cuenta que con 65 zonas naturales de baño generan más de 600 empleos en verano.

Nuestra organización cree fervientemente que solo se valora lo que se conoce, solo se conoce lo que se conserva, y por ello es necesario que los ayuntamientos de nuestra provincia sepan sacar rendimiento de los ríos, lagos y embalses en base a una conservación adecuada que debe ser compatible con un uso sostenible de cara al turismo y ocio, que además puede redundar en riqueza y empleo.

 
 

Izquierda Unida denuncia en Las Cortes el trato de la empresa Collosa-Llorente a sus trabajadores, especialmente en Guijuelo

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Domingo, 31 de Julio de 2016 00:46

El procurador de IUCyL-Equo, José Sarrión, ha registrado una batería de preguntas parlamentarias en torno a la empresa Collosa-Llorente, responsable del mantenimiento, explotación y conservación de las carreteras A-66 y N-630 entre Salamanca-Sur y el límite de la provincia.

Dicha empresa es objeto de investigación por el presunto pago de comisiones a cambio de concesiones públicas en la llamada “Trama Eólica”.

Por este motivo, el procurador cuestiona si la empresa tiene subvenciones o cualquier tipo de ayuda pública por parte de la Junta de Castilla y León o de cualquier otra Administración pública, cuántos contratos posee en la actualidad con el ejecutivo autonómico y cuántas UTE, en las cuales Collosa-Llorente tenía participación, poseían contratos con la Junta de Castilla y León.

Asimismo, el sindicato CGT asegura que la empresa “reprime y despide a dos trabajadores en su Base de Guijuelo, por su afiliación sindical y por defender los derechos laborales, intentando atemorizar y amedrentar al resto de la plantilla”.”Collosa-Llorente se ha negado en todo momento a la readmisión de los trabajadores, aun admitiendo la improcedencia de los despidos”, denuncia Sarrión.

El procurador de IUy-Equo quiere saber si el ejecutivo autonómico tiene conocimiento de la manera de proceder de la empresa, qué medidas piensan tomar, cuántos despidos improcedentes se han practicado en Collosa-Llorente o en las UTE en las cuales era participe mientras poseían contratos con la administración, y si la administración garantiza que en todas las concesiones de mantenimiento de carreteras adjudicadas a, o en las que participe, Collosa-Llorente cumplen con el número mínimo de trabajadores que recogen los pliegos de condiciones

Además, diversos medios de comunicación ha reflejado las quejas sobre el estado de las carreteras A-66 y N-630 entre Salamanca-Sur y el límite de la provincia, apunta Sarrión.

 
 

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