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Requerir el permiso de residencia para inscribirse en el reglamento de Parejas de Hecho de CyL es contrario a la constitución

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Miércoles, 03 de Agosto de 2016 01:55

Comunicado íntegro Comisión Legal Acampada Salamanca / El pasado sábado nos han notificado la Sentencia 150/2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Valladolid que ha estimado el recurso contencioso interpuesto contra la decisión de denegar la inscripción en el Registro de Castilla y León de Uniones de Hecho de una pareja en la cual uno de los miembros carecía de permiso de residencia, de nacionalidad extracomunitaria.

Esta situación de discriminación viene produciéndose desde 2010, cuanto la Junta de Castilla y León y gobernada por el PP, introdujo el requisito de presentación de permiso de residencia, con el interés evidente de bloquear e impedir el acceso al registro de las personas que carecieran de permiso de residencia, con arreglo a la ley de extranjería, incluyéndose estudiantes en situación de estancia, voluntarios o personas en situación administrativa irregular.

Esta política de claro racismo institucional ha venido desarrollándose por el PP allí donde gobierna en todo el país, existiendo ya pronunciamientos al respecto por parte de la Defensoría del Pueblo, quien ya en suRecomendación de 22 de enero de 2014, para la Modificación del Decreto 124/2000, de 11 de julio,solicitaba la supresión del requisito de acreditar la posesión de autorización de residencia para la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de Castilla-La Mancha.

La sentencia resuelve que el requisito exigido por el artículo 11. 1 de la Orden M/1597/2008, de 22 de agosto que regula el registro y recoge la necesidad de presentar el permiso de residencia, “es contrario a los principios constitucionales y a la configuración jurisprudencial de la institución de las parejas de hecho, así como es contrario al principio de no discriminación por el lugar de residencia”.

De este modo, el juzgado anula los resoluciones impugnadas y declara la existencia de pareja de hecho formada por los actores ordenando a la administración demandada a que proceda a su inscripción en el Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León a todos los efectos.

Los argumentos planteados durante el proceso judicial contra la exigencia de este requisito documental para la inscripción han sido los siguientes:

  • Interpretación errónea del Derecho en la aplicación de la normativa y la configuración jurídica de la pareja de hecho, al solicitar “permiso de residencia” para acreditar la “residencia habitual” de los solicitantes.
  • Vulneración de la seguridad jurídica (art. 9 CE), igualdad y no discriminación (art 14 CE) y protección de la familia (art 39 CE).
  • Vulneración del Derecho comunitario por la Ley de Extranjería, al realizar unatransposición errónea de la Directiva del Consejo2004/114/CE de 13 de diciembre de 2004 que asimila la situación de estancia con la situación de residencia.
  • Interpretación errónea de la ORDEN FAM/1036/2010, de 5 de julioque reconoce la inclusión de las personas en situación de estancia a efectos de la inscripción registral

Esta sentencia puede representar un primer paso para la declaración de nulidad del art. 11 del citado reglamento que regula el registro, posibilitando que la actual discriminación se elimine para toda la comunidad de Castilla y León, beneficiando a miles de personas en nuestra región y servir de precedente para solucionar una problemática que está afectando a cientos de miles de personas en nuestro país, vulnerando sus derechos fundamentales.

Desde la Comisión Legal de Salamanca damos la enhorabuena a la pareja que ha tenido la firmeza de exigir en los tribunales sus derechos, posibilitando una solución general a esta problemática, porque sólo la lucha hace Justicia.

 

Izquierda Unida pide a los Ayuntamientos potenciar las zonas de baño naturales en toda la provincia

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Lunes, 01 de Agosto de 2016 22:18

Comunicado Izquierda Unida Salamanca /Desde Izquierda Unida queremos poner de manifiesto nuestro malestar por la “dejadez” institucional de una amplia mayoría de los Ayuntamientos de la provincia, principalmente el de la capital, a la hora de potenciar las zonas de baño naturales para que la población pueda disfrutar durante los meses estivales no solo de una opción de ocio en contacto con la naturaleza, sino de evitar tener que pagar por bañarse.

Y es que principalmente este punto, el de la mentalidad institucional de que las zonas de baño naturales restarían afluencia a las piscinas municipales, no solo es falso, sino que denota un egoísmo supino sobre la población que le gusta el contacto con la naturaleza o que simplemente no tiene la capacidad económica para poder acudir con frecuencia a una piscina de pago.

Nos sorprende ver como zonas próximas y turísticamente desarrolladas como el Valle del Jerte cuentan con catorce zonas de baño autorizadas, mientras que toda la provincia de Salamanca cuenta únicamente con una zona de baño autorizada por la Junta de Castilla y León para esta temporada que se sitúa en Puente del Congosto.

Desde Izquierda Unida queremos que las instituciones de nuestra provincia no olviden que el uso sostenible de nuestros ríos y embalses es una oportunidad para generar empleo, ya que si giramos nuevamente la mirada a una comunidad con menos posibilidades en materia hídrica que nuestra provincia, como es Extremadura, nos daremos cuenta que con 65 zonas naturales de baño generan más de 600 empleos en verano.

Nuestra organización cree fervientemente que solo se valora lo que se conoce, solo se conoce lo que se conserva, y por ello es necesario que los ayuntamientos de nuestra provincia sepan sacar rendimiento de los ríos, lagos y embalses en base a una conservación adecuada que debe ser compatible con un uso sostenible de cara al turismo y ocio, que además puede redundar en riqueza y empleo.

 
 

Izquierda Unida denuncia en Las Cortes el trato de la empresa Collosa-Llorente a sus trabajadores, especialmente en Guijuelo

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Domingo, 31 de Julio de 2016 00:46

El procurador de IUCyL-Equo, José Sarrión, ha registrado una batería de preguntas parlamentarias en torno a la empresa Collosa-Llorente, responsable del mantenimiento, explotación y conservación de las carreteras A-66 y N-630 entre Salamanca-Sur y el límite de la provincia.

Dicha empresa es objeto de investigación por el presunto pago de comisiones a cambio de concesiones públicas en la llamada “Trama Eólica”.

Por este motivo, el procurador cuestiona si la empresa tiene subvenciones o cualquier tipo de ayuda pública por parte de la Junta de Castilla y León o de cualquier otra Administración pública, cuántos contratos posee en la actualidad con el ejecutivo autonómico y cuántas UTE, en las cuales Collosa-Llorente tenía participación, poseían contratos con la Junta de Castilla y León.

Asimismo, el sindicato CGT asegura que la empresa “reprime y despide a dos trabajadores en su Base de Guijuelo, por su afiliación sindical y por defender los derechos laborales, intentando atemorizar y amedrentar al resto de la plantilla”.”Collosa-Llorente se ha negado en todo momento a la readmisión de los trabajadores, aun admitiendo la improcedencia de los despidos”, denuncia Sarrión.

El procurador de IUy-Equo quiere saber si el ejecutivo autonómico tiene conocimiento de la manera de proceder de la empresa, qué medidas piensan tomar, cuántos despidos improcedentes se han practicado en Collosa-Llorente o en las UTE en las cuales era participe mientras poseían contratos con la administración, y si la administración garantiza que en todas las concesiones de mantenimiento de carreteras adjudicadas a, o en las que participe, Collosa-Llorente cumplen con el número mínimo de trabajadores que recogen los pliegos de condiciones

Además, diversos medios de comunicación ha reflejado las quejas sobre el estado de las carreteras A-66 y N-630 entre Salamanca-Sur y el límite de la provincia, apunta Sarrión.

 
 

Explicaciones insuficientes de la Diputación ante la presunta trama corrupta denunciada por Ganemos

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Miércoles, 27 de Julio de 2016 15:47

Comunicado Ganemos Salamanca / La empresa contratista de la Diputación de Salamanca CGI S.A habría creado presuntamente una trama corrupta a través de sus empresas para obtener adjudicaciones en organismos locales de recaudación tributaria, resultando que REGTSA habría realizado contrataciones de gran importe con dicha sociedad mercantil.

?En el momento en que tuvimos conocimiento de la situación Ganemos Salamanca exigimos explicaciones y una rendición de cuentas de estos contratos, solicitando la convocatoria del Consejo de Administración de forma inmediata, pues los contratos por los que la empresa CGI S.A. se encuentra ahora mismo investigada dentro de la “Operación Termyca” podrían tener características similares a los celebrados con REGTSA.

?Esta mañana se ha celebrado el consejo de REGTSA, en el que se ha incluido un punto específico sobre el asunto, entregando un somero informe sobre las formalidades de contratación y ejecución de los dos contratos actualmente en vigor con la citada empresa.

?En el seno de la comisión los distintos grupos políticos de la oposición nos hemos interesado por las razones de la externalización, o el control en la ejecución de los servicios, solicitando un minucioso control y seguimiento de los mismos, además de una auditoría externa de los procesos de adjudicación de los contratos y las relaciones previas con la empresa, puesto que se trata de contratos de gran relieve económico, en total más de 1 millón de euros, en los cuales no hubo apenas competencia en la presentación de ofertas, aún tratándose de procedimientos abiertos.

?El equipo de gobierno ha hecho oidos sordos a las peticiones de investigación interna y auditoría externa, informando de la existencia de varias reuniones con la empresa, tras las noticias en prensa sobre la misma y criticando la exigencia de información realizada en los medios de comunicación por este grupo político.

?Desde Ganemos Salamanca creemos que el equipo de gobierno del PP no se ha encontrado a la altura de las circunstancias, debiendo actuar con mayor rapidez y transparencia, con el fin de averiguar las razones de la nula competencia entre empresas en los procedimientos de adjudicación de estos contratos millonarios, además de controlar minuciosamente la ejecución y desarrollo de los servicios prestados, informando a los grupos políticos y la ciudadanía de las actuaciones a realizar, para evitar cualquier tipo de desconfianza hacia la institución.

 
 

Ganemos Salamanca critica el coste y escasa eficacia de la campaña de concienciación ambiental dedicada a escolares de toda la provincia

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Miércoles, 20 de Julio de 2016 18:35

Comunicado íntegro Ganemos Salamanca / El viernes pasado el equipo de gobierno nos remitió un informe realizado por la empresa adjudicataria de la campaña de concienciación ambiental de 2016, orientada a fomentar la recogida selectiva de residuos, que ha tenido un coste cercano a 30.000€.

La campaña ha consistido en una representación teatral en 14 colegios de 5 pueblos (Béjar, Ciudad Rodrigo, Lumbrales, Peñaranda y Santa Marta). Se ha hecho en horario de mañana con duración de 1,5 horas en cada colegio. El público han sido niños de entre 6 y 10 años, calculando la empresa adjudicataria una media de 200 niños por municipio, lo que les da una estimación de 1.000 niños.

Desde Ganemos Salamanca advertimos ya en septiembre de 2015, cuando se presentó este programa, que esta campaña era excesivamente costosa, dedicando muchos recursos en el transporte de los escolares. Además, dudamos de la eficacia en la consecución del objetivo planteado, al realizar únicamente una jornada puntual en 5 pueblos.

Nuestro grupo político ya propuso entonces que con el mismo dinero sería mucho más eficaz y eficiente contratar a un educador/a directamente desde la Diputación para que se recorriera las escuelas rurales de la provincia realizando la misma labor de educación y concienciación sobre los residuos durante todo el curso escolar, propuesta que hemos vuelto a reiterar, consiguiendo el apoyo de toda la oposición.

 
 

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